La modificación de los artículos de la LAU mediante el Real Decreto 21/2018 no se ratificó por el Congreso y eso significa que solo se aplica a los contratos firmados entre el 19 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019 provocando que éstos tengan un régimen especial. Así, nos encontraremos que a partir del 24 de enero de 2019 los contratos se rigen por la LAU sin tener en cuenta las pequeñas modificaciones que se habían introducido y que quedan sin efectos. Como ya dijimos, el único cambio importante era la ampliación temporal de los contratos de alquiler, dotándolos de estabilidad relativa, pero sin solucionar los problemas realmente importantes que hacen los contratos de alquiler unos contratos inseguros. Así, si esta propuesta de cambio no ha tenido la confianza del resto de fuerzas políticas; esperamos que si se añaden medidas encaminadas a la protección de la parte arrendataria sí que la obtenga. Las más relevantes podríamos decir que serían estas cuatro: en primer lugar, la eliminación de la necesidad de que el contrato esté registrado para poderlo hacer valer frente a terceros. En segundo lugar, el aumento del preaviso de un mes a seis meses de la extinción del contrato. En tercer lugar, hay que dejar claros los períodos de prórroga y, por último, la obligación del arrendador de asumir los gastos del contrato. Todo ello, siempre que haya una buena regulación que fusione las diferentes reformas que ha habido -sobre esta última tan efímera- para que quede claro que se aplica en cada caso y de qué manera.

En resumen, el entramado de cambios legislativos provoca al consumidor aún más inseguridad y confusión dado que si ya es difícil interpretar lo que quiere decir la ley, cada cambio que hay significa empezar de nuevo y descifrar, cada vez con mayor dificultad, el rompecabezas en el que estamos obligados a jugar para acceder a un derecho tan fundamental como es la vivienda; ahora bien, líos aparte, también podemos entender esta derogación como una oportunidad para ir más allá, buscar el consenso y aprobar una ley que termine, por fin, otorgando la estabilidad y la seguridad al alquiler que tanto tiempo llevamos reclamando.