Orange, Vodafone y Movistar han logrado una posición de fuerza en el mercado que rompe la competencia real, y los convierte en un potente "lobby" capaz de hacer y deshacer a su gusto, si las autoridades no actúan frenando este abuso.

Vodafone incrementó el precio de sus paquetes el pasado mes entre 2 y 3 euros, según la tarifa contratada. El pasado mes de febrero fue Movistar quien incrementó 3 euros al mes su tarifa Fusión (en mayo de 2015 ya había incrementado 5 euros este servicio). Además ha anunciado que a partir del 18 de mayo cobrará hasta 15 euros adicionales por exceso de consumo de datos de móvil. También Orange subió a principios de año 3 euros la tarifa Canguro, y también cobrará el exceso de datos de móvil contratadas. En todos los casos, existen contratos vigentes que contemplan que hay que comunicar con un mes de antelación cualquier variación en las condiciones, para que el consumidor pueda elegir si sigue con la compañía, o bien, rescindir sin coste el contrato.

Ahora bien, cuando son todos los operadores principales que suben precios con tan poco espacio de tiempo, podemos estar hablando con toda seguridad de un abuso lesivo a los derechos generales de los consumidores. El motivo principal parece ser los cambios en el mercado que los operadores dominantes controlan al haber absorbido los competidores como Jazztel (adquirida por Orange), Ono (adquirida por Vodafone), y la aparición de marcas low cost integradas dentro de las compañías dominantes como Tuenti, Simyo o Lowi.

Más de 90% de las líneas pertenecen a los tres grandes operadores, y esto les permite controlar el mercado a su gusto. Movistar y Orange anuncian el cobro por consumo adicional de megas a la tarifa contratada, siendo el consumidor quien debe solicitar mantener las condiciones. Esta práctica es incorrecta, ya que en cualquier caso el procedimiento debería ser el contrario, ofreciendo el cambio al consumidor, y que éste lo contratara. En este caso procede la actuación de la CNMC ya que aparentemente la actitud de los tres grandes operadores parece contraria a las de un mercado que no altere la libre competencia.

Por otra parte también ponemos en duda las formas de comunicación de variación de las condiciones, y también en el hecho de que sea el consumidor quien deba solicitar la no aplicación de un coste adicional, en lugar de activar el servicio de forma voluntaria si está interesado.